Servindi, 22 agosto 2008.-
El Congreso de la República aprobó hoy a las 14.25 minutos de la tarde el dictamen que deroga los decretos legislativos 1015 y 1073 que flexibilizan los procedimientos para disponer de la tierra de las comunidades.
El dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazonicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología que propuso la derogatoria de esas normas fue aprobado por 62 votos a favor, 27 votos en contra y ninguna abstención.
Alberto Pizango Chota, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), pidió el Presidente Alan García respetar la decisión del Congreso y no observar la decisión adoptada, tal como lo anunció el mandatario en la víspera.
Pizango pidió respetar el pedido de los 65 pueblos indígenas amazónicos que se encuentran articulados en seis organizaciones regionales afiliadas democráticamente a la AIDESEP.
El rechazo a los decretos legislativos motivó una jornada nacional de protesta que se inició el 09 de agosto y movilizó a miles de indígenas y población mestiza de diversas regiones amazónicas.
En la jornada de hoy los parlamentarios del partido aprista intentaron de manera infructuosa evitar la aprobación del dictamen con diversas propuestas, una de estas, derivar el dictamen a las comisiones Agraria y de Constitución.
Los oradores de diversas bancadas coincidieron en señalar que el gobierno había abusado de las facultades concedidas por el Congreso para dictar normas que faciliten implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.
Más de un parlamentario cuestionó la soberbia del gobierno, al que acusaron de ser el principal causante de la violencia y perturbar la paz social con sus medidas inconsultas y autoritarias.
Congresistas, como Carlos Raffo, señalaron que las demandas de los pueblos indígenas amazónicos son justas y era totalmente falso que han actuado manipulados por agitadores o por las organizaciones ni gubernamentales (ONG).
“Ya quisiera algún partido u ONG tener tanta influencia” dijo el congresista fujimorista en alusión a la capacidad movilizadora de la AIDESEP.
El parlamentario Rolando Souza -de la misma bancada- puso énfasis en que el gobierno no conoce la realidad de los pueblos amazónicos, ni las cosmovisiones indígenas.
Souza, de origen amazónico, se identificó con las demandas de los pueblos indígenas y el mismo se identificó como luchador “nativo”, lo que provocó la sorpresa y chacota de sus colegas.
Como nunca los congresistas de una y otra bancada -menos la aprista- hicieron constante referencia al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual se comprometieron a tomar en cuenta.
“Los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo. Sino que quieren ser incluidos en sus propios términos y esto no comprende el gobierno” afirmó el congresista cusqueño Víctor Mayorga, de la bancada nacionalista, y uno de los principales defensores de las posiciones indígenas en el Congreso.
La congresista quechua Juana Huancahuari en una oportuna intervención refutó el intento de la congresista aprista Nidia Vilchez de proponer un dictamen alternativo que incluya la eliminación de la ley 26505.
Huancahuari señaló que la eliminación de esa ley ya estaba incluida en un párrafo del decreto legislativo 1064 “que es mucho más peligroso que los decretos 1015 y 1073″ e hizo un llamado a las comunidades del país para continuar la lucha por la derogatoria de estos otros decretos.
El decreto 1064, cuya vigencia esta supeditada a la publicación de su reglamento, deroga la ley 26505 que establece la necesidad de contar con un acuerdo previo al inicio de actividades mineras, entre el propietario del terreno superficial y el titular de la concesión.
El dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazonicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología que propuso la derogatoria de esas normas fue aprobado por 62 votos a favor, 27 votos en contra y ninguna abstención.
Alberto Pizango Chota, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), pidió el Presidente Alan García respetar la decisión del Congreso y no observar la decisión adoptada, tal como lo anunció el mandatario en la víspera.
Pizango pidió respetar el pedido de los 65 pueblos indígenas amazónicos que se encuentran articulados en seis organizaciones regionales afiliadas democráticamente a la AIDESEP.
El rechazo a los decretos legislativos motivó una jornada nacional de protesta que se inició el 09 de agosto y movilizó a miles de indígenas y población mestiza de diversas regiones amazónicas.
En la jornada de hoy los parlamentarios del partido aprista intentaron de manera infructuosa evitar la aprobación del dictamen con diversas propuestas, una de estas, derivar el dictamen a las comisiones Agraria y de Constitución.
Los oradores de diversas bancadas coincidieron en señalar que el gobierno había abusado de las facultades concedidas por el Congreso para dictar normas que faciliten implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Estados Unidos.
Más de un parlamentario cuestionó la soberbia del gobierno, al que acusaron de ser el principal causante de la violencia y perturbar la paz social con sus medidas inconsultas y autoritarias.
Congresistas, como Carlos Raffo, señalaron que las demandas de los pueblos indígenas amazónicos son justas y era totalmente falso que han actuado manipulados por agitadores o por las organizaciones ni gubernamentales (ONG).
“Ya quisiera algún partido u ONG tener tanta influencia” dijo el congresista fujimorista en alusión a la capacidad movilizadora de la AIDESEP.
El parlamentario Rolando Souza -de la misma bancada- puso énfasis en que el gobierno no conoce la realidad de los pueblos amazónicos, ni las cosmovisiones indígenas.
Souza, de origen amazónico, se identificó con las demandas de los pueblos indígenas y el mismo se identificó como luchador “nativo”, lo que provocó la sorpresa y chacota de sus colegas.
Como nunca los congresistas de una y otra bancada -menos la aprista- hicieron constante referencia al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al cual se comprometieron a tomar en cuenta.
“Los pueblos indígenas no se oponen al desarrollo. Sino que quieren ser incluidos en sus propios términos y esto no comprende el gobierno” afirmó el congresista cusqueño Víctor Mayorga, de la bancada nacionalista, y uno de los principales defensores de las posiciones indígenas en el Congreso.
La congresista quechua Juana Huancahuari en una oportuna intervención refutó el intento de la congresista aprista Nidia Vilchez de proponer un dictamen alternativo que incluya la eliminación de la ley 26505.
Huancahuari señaló que la eliminación de esa ley ya estaba incluida en un párrafo del decreto legislativo 1064 “que es mucho más peligroso que los decretos 1015 y 1073″ e hizo un llamado a las comunidades del país para continuar la lucha por la derogatoria de estos otros decretos.
El decreto 1064, cuya vigencia esta supeditada a la publicación de su reglamento, deroga la ley 26505 que establece la necesidad de contar con un acuerdo previo al inicio de actividades mineras, entre el propietario del terreno superficial y el titular de la concesión.
