DECLARACIÓN PÚBLICA
La Directiva del Colegio de Antropólogos de Chile, frente a la muerte del joven mapuche Matías Catrileo Quezada provocada por carabineros al interior del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Novena Región y frente a los allanamientos y abusos policiales en comunidades, hace un llamado a las autoridades a atender las demandas del pueblo mapuche y a detener la actual estrategia de criminalización de un conflicto que, por su complejidad e historia, no es reductible a una política de seguridad pública y control penal.
La militarización del territorio mapuche y la criminalización de sus habitantes están conduciendo a un clima de guerra que en nada favorece la convivencia con el pueblo chileno. Por el contrario, se ha creado una situación de excepción que peligrosamente se asemeja a una guerra interna y que –desde la perspectiva de la autoridad- justifica la suspensión de los derechos básicos de las personas pertenecientes a la sociedad mapuche y de quienes colaboren con ellas.
En el contexto de esta guerra interna se constata la obstinada e irresponsable indiferencia de las autoridades ante el uso desproporcionado de la fuerza y de violencia ejercida contra el pueblo mapuche. Igual indiferencia se expresa ante sus demandas sociales, culturales y políticas, prolongando así los más de quinientos años de exclusión y opresión.
Preocupa el silencio comunicacional al interior del país, el que se ha traducido en un cerco informativo acerca de esta nueva invasión y en el desconocimiento por parte del país de las demandas de los pueblos originarios, y, en forma particular, de la situación de los presos políticos mapuches. Más aún, hay intereses económicos y cálculos políticos que procuran exacerbar la imagen de los mapuche como delincuentes, terroristas o violentistas, intereses de los que parte de la prensa nacional se hace eco. La Directiva del Colegio de Antropólogos de Chile denuncia la difusión de estas imágenes sesgadas como un atentando contra la tolerancia y la construcción de una sociedad respetuosa de la multiculturalidad.
El Colegio advierte con preocupación como el estado chileno transgrede las normas internacionales, ratificadas por sus gobiernos, que protegen los derechos humanos, civiles y culturales. Es tiempo que las autoridades asuman una posición pro-activa para el resguardo no sólo de los intereses económicos de unos pocos sino la de todos y todas quienes habitan en los territorios de las poblaciones originarias de Chile.
El Colegio de Antropólogos de Chile exige que el estado garantice el pleno respecto de los derechos humanos de los y las mapuche y ponga fin a la política de criminalización de las demandas sociales del pueblo mapuche. Como Colegio Profesional, la Directiva hace un llamado a la construcción de una sociedad que reconozca los plenos derechos de los diversos pueblos que la conforman, tarea a la cual deben concurrir todos los estamentos de nuestra sociedad.
A ochenta y ocho días de la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles, en la cárcel de Ángol
La Directiva del Colegio de Antropólogos de Chile, frente a la muerte del joven mapuche Matías Catrileo Quezada provocada por carabineros al interior del fundo Santa Margarita, en la comuna de Vilcún, Novena Región y frente a los allanamientos y abusos policiales en comunidades, hace un llamado a las autoridades a atender las demandas del pueblo mapuche y a detener la actual estrategia de criminalización de un conflicto que, por su complejidad e historia, no es reductible a una política de seguridad pública y control penal.
La militarización del territorio mapuche y la criminalización de sus habitantes están conduciendo a un clima de guerra que en nada favorece la convivencia con el pueblo chileno. Por el contrario, se ha creado una situación de excepción que peligrosamente se asemeja a una guerra interna y que –desde la perspectiva de la autoridad- justifica la suspensión de los derechos básicos de las personas pertenecientes a la sociedad mapuche y de quienes colaboren con ellas.
En el contexto de esta guerra interna se constata la obstinada e irresponsable indiferencia de las autoridades ante el uso desproporcionado de la fuerza y de violencia ejercida contra el pueblo mapuche. Igual indiferencia se expresa ante sus demandas sociales, culturales y políticas, prolongando así los más de quinientos años de exclusión y opresión.
Preocupa el silencio comunicacional al interior del país, el que se ha traducido en un cerco informativo acerca de esta nueva invasión y en el desconocimiento por parte del país de las demandas de los pueblos originarios, y, en forma particular, de la situación de los presos políticos mapuches. Más aún, hay intereses económicos y cálculos políticos que procuran exacerbar la imagen de los mapuche como delincuentes, terroristas o violentistas, intereses de los que parte de la prensa nacional se hace eco. La Directiva del Colegio de Antropólogos de Chile denuncia la difusión de estas imágenes sesgadas como un atentando contra la tolerancia y la construcción de una sociedad respetuosa de la multiculturalidad.
El Colegio advierte con preocupación como el estado chileno transgrede las normas internacionales, ratificadas por sus gobiernos, que protegen los derechos humanos, civiles y culturales. Es tiempo que las autoridades asuman una posición pro-activa para el resguardo no sólo de los intereses económicos de unos pocos sino la de todos y todas quienes habitan en los territorios de las poblaciones originarias de Chile.
El Colegio de Antropólogos de Chile exige que el estado garantice el pleno respecto de los derechos humanos de los y las mapuche y ponga fin a la política de criminalización de las demandas sociales del pueblo mapuche. Como Colegio Profesional, la Directiva hace un llamado a la construcción de una sociedad que reconozca los plenos derechos de los diversos pueblos que la conforman, tarea a la cual deben concurrir todos los estamentos de nuestra sociedad.
A ochenta y ocho días de la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles, en la cárcel de Ángol
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