En menos de un año, hemos visto como la protesta social en Chile es reprimida por el "Gobierno Ciudadano" hasta el extremo de ocasionar la muerte de un manifestante. Si hace nueve meses el escenario fue la provincia de Arauco, y la victima un trabajador forestal precarizado, que luchaba junto a sus compañeros por condiciones más dignas de trabajo, hoy lo es la provincia de Cautín, y el asesinado un joven comunero mapuche, que participaba en la toma de un fundo, que de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (aprobada por Chile), constituye parte de su territorio ancestral que debe ser restituido a las comunidades por el Estado. En otras palabras estamos presenciando la represión y muerte de un estudiante indígena que luchaba por ejercer sus derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Lamentablemente, estos hechos no son nuevos ni casuales. El 2002, Alex Lemun, un niño de 17 años, cayó de un balazo policial en la cabeza durante la ocupación de un fundo en la zona de Malleco. El responsable, el carabinero Marco Treuer, fue ascendido en el escalafón policial tras pasar un día en la cárcel. Por otra parte, las comunidades mapuche que reivindican sus derechos ancestrales (internacionalmente reconocidos) son objeto de constante represión, la que incluye a niños y ancianos, como han dejado en evidencia incluso informes gubernamentales (caso de Temucuicui y otros). Estamos entonces ante una política estatal sistemática de represión al movimiento social y especialmente el mapuche, que busca proteger los intereses de la gran Industria Forestal (la misma que estuvo detrás de la muerte de Rodrigo Cisternas en mayo recién pasado) y de los viejos terratenientes. Basta recordar que estamos en medio de una huelga de hambre de más de dos meses que llevan a cabo varios de los Presos Políticos Mapuche, condenados a diez años de cárcel por un supuesto "incendio terrorista", en un proceso judicial plagado de irregularidades, cuestión que ha sido denunciada por numerosas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, e incluso por las Naciones Unidas a través de su Relator Especial Rodolfo Stavenhagen.
Y ante un episodio de tal envergadura, de tal impacto social, los medios de comunicación solo se han dedicado a cubrir aspectos formales del conflicto, o simplemente no prestar atención. Es más, han utilizado el asesinato de Matías para simplemente sindicar como terroristas a los mapuches en lucha, ocupándose de criticar en forma sistemática la actitud de éstos hacia la "propiedad privada", y su falta de respeto al "Estado de Derecho".
Los estudiantes de la Universidad de Chile volvemos tristemente a manifestar nuestro más profundo dolor por la muerte de Matías y rechazamos tajantemente esta forma de encarar los conflictos sociales en el país, que viola los derechos más elementales de las personas y los pueblos y es alentada por los poderosos y sus medios de comunicación y ejecutada acríticamente por el gobierno presidido por Michelle Bachelet. Pero también queremos utilizar nuestra humilde tribuna, para solidarizar y apoyar la lucha que desde hace siglos el pueblo mapuche ha emprendido en contra del conquistador. El Estado chileno debe reconocer el status de nación al pueblo mapuche, así como sus derechos colectivos y territoriales, que son parte de la dignidad que todo pueblo tiene derecho a reivindicar.
Esta indignante situación, no sólo nos mueve al repudio, sino también nos motiva aún más a continuar trabajando por la unidad y organización de los pueblos de Chile, para lograr en el futuro la transformación de nuestro País y el verdadero respeto de los derechos humanos.
FECH
Lamentablemente, estos hechos no son nuevos ni casuales. El 2002, Alex Lemun, un niño de 17 años, cayó de un balazo policial en la cabeza durante la ocupación de un fundo en la zona de Malleco. El responsable, el carabinero Marco Treuer, fue ascendido en el escalafón policial tras pasar un día en la cárcel. Por otra parte, las comunidades mapuche que reivindican sus derechos ancestrales (internacionalmente reconocidos) son objeto de constante represión, la que incluye a niños y ancianos, como han dejado en evidencia incluso informes gubernamentales (caso de Temucuicui y otros). Estamos entonces ante una política estatal sistemática de represión al movimiento social y especialmente el mapuche, que busca proteger los intereses de la gran Industria Forestal (la misma que estuvo detrás de la muerte de Rodrigo Cisternas en mayo recién pasado) y de los viejos terratenientes. Basta recordar que estamos en medio de una huelga de hambre de más de dos meses que llevan a cabo varios de los Presos Políticos Mapuche, condenados a diez años de cárcel por un supuesto "incendio terrorista", en un proceso judicial plagado de irregularidades, cuestión que ha sido denunciada por numerosas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, e incluso por las Naciones Unidas a través de su Relator Especial Rodolfo Stavenhagen.
Y ante un episodio de tal envergadura, de tal impacto social, los medios de comunicación solo se han dedicado a cubrir aspectos formales del conflicto, o simplemente no prestar atención. Es más, han utilizado el asesinato de Matías para simplemente sindicar como terroristas a los mapuches en lucha, ocupándose de criticar en forma sistemática la actitud de éstos hacia la "propiedad privada", y su falta de respeto al "Estado de Derecho".
Los estudiantes de la Universidad de Chile volvemos tristemente a manifestar nuestro más profundo dolor por la muerte de Matías y rechazamos tajantemente esta forma de encarar los conflictos sociales en el país, que viola los derechos más elementales de las personas y los pueblos y es alentada por los poderosos y sus medios de comunicación y ejecutada acríticamente por el gobierno presidido por Michelle Bachelet. Pero también queremos utilizar nuestra humilde tribuna, para solidarizar y apoyar la lucha que desde hace siglos el pueblo mapuche ha emprendido en contra del conquistador. El Estado chileno debe reconocer el status de nación al pueblo mapuche, así como sus derechos colectivos y territoriales, que son parte de la dignidad que todo pueblo tiene derecho a reivindicar.
Esta indignante situación, no sólo nos mueve al repudio, sino también nos motiva aún más a continuar trabajando por la unidad y organización de los pueblos de Chile, para lograr en el futuro la transformación de nuestro País y el verdadero respeto de los derechos humanos.
FECH
Fuente:
Matías Meza-Lopehandía G.
Celular: (09) 937 655 02
Casa provisoria (2) 839 51 86
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