Geopolítica y acuerdos económicos

En torno a una matriz energética en América Latina
Emir Sader

De repente el tema de los agrocombustibles pasó a ocupar la pauta de debates no sólo energéticos, sino también geopolíticos, como si fuera algo esencial. El viaje de Bush a Brasil y los acuerdos esbozados entre los dos países, las posiciones de Hugo Chávez y de Fidel Castro, así como pronunciamientos menos alineados –como los de Rafael Correa, de Evo Morales, de Néstor Kirchner– han parecido poner fuego en esta discusión.
Una parte de los análisis se refiere a las condiciones materiales de producción de energía, y empieza por la inevitable necesidad de superar la matriz petrolera, sea por su agotamiento previsible; sea por la contaminación que produce; sea también por su concentración monopolista, estrechamente vinculada a sus elevados precios, que presionan de forma muy dura a las economías que no poseen este combustible fósil, especialmente a las más débiles. Ya ni hablar del carbón, aún de utilización masiva en países como China, con sus consecuencias catastróficas para el medio ambiente.
Esa posición se desdobla necesariamente sobre las alternativas: gas, etanol y energía eólica y fluvial, entre otras. En el caso del etanol, surgiría como una opción accesible a un número grande de países, que podrían explorarlo como un componente de inversión tecnológica y de capitales, liberándose de la dependencia del petróleo y, a la vez, abriendo una nueva esfera de desarrollo económico, que podría reimpulsar el desarrollo de países que han vivido periodos largos de estancamiento.
Considerado este punto de vista, el esbozo de acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos (EU) y Brasil podría parecer positivo. Pero las innovaciones tecnológicas no pueden ser juzgadas por sí solas, sino en función de qué fuerzas económicas y sociales las toman en sus manos y están en condiciones de llevarlas a la práctica, y cómo, así, se insertan en las relaciones económicas y sociales concretas.
La invención de la luz eléctrica fue un paso decisivo en el bienestar de la humanidad, pero su consecuencia inmediata, en manos de la rapacidad de los grandes capitales, fue la introducción de la jornada nocturna de trabajo, con la explotación extensiva de mano de obra de niños y de mujeres.
Se trata de saber a quién beneficia la producción de energía por medio de cada fuente alternativa.
La construcción del gasoducto que debe cruzar gran parte de América del Sur, por ejemplo, representa un gran avance no sólo en términos de fuentes alternativas, sino también de integración regional y de acceso al gas de las casas de la masa pobre de la población. En la más reciente reunión de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (Alba), el presidente venezolano anunció que la matriz energética de esejemplar proceso de integración será el gas.
Hoy cualquier gran iniciativa económica, política, social o cultural, tiene que ser evaluada en la perspectiva de los grandes embates internacionales, que definirán la fisonomía del mundo en el nuevo siglo. Los gobiernos que firman acuerdos de libre comercio comprometen, hipotecan el futuro de sus países –sin consulta a la ciudadanía– por un tiempo indefinido. Impiden que la soberanía popular se ejerza, que se proteja la salud del pueblo mediante la existencia de medicamentos genéricos, dejan a la economía campesina desprotegida frente a la avalancha de las grandes empresas exportadoras.
Tenemos así que preguntarnos si favorece o debilita la integración regional, con la Alba vista como aspiración de alianzas profundas, pero sobre todo teniendo a los tratados de libre comercio como referencia negativa, como objetivo a derrotar. El otro criterio tiene que ser la defensa de la economía popular, del mercado interno de consumo de masas, de la economía familiar campesina.
Un argumento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es el de que hay en algunos países tierras disponibles, que no serían sacadas de la producción de alimentos, para ser canalizadas hacia la producción de agrocombustibles. Es el caso de Brasil. No es la falta de tierras el problema, sino su falta de aprovechamiento.
Sin embargo, dos temas no son considerados debidamente en el caso de la posición y las políticas del gobierno brasileño. Por una parte, la alianza que se daría entre Brasil y EU, que rompe la solidaridad regional, pues se estaría favoreciendo la política estadunidense de intentar quebrar esta unidad. Política tal que se evidencia en las firmas o intentos de firmas de tratados de libre comercio con Chile, Perú y Colombia, y que también se hace clara con la ofensiva que busca excluir a Uruguay del Mercosur.
Si se estuviera pugnando por una política regional de agrocombustibles solidaria, complementaria, podría ser positiva. En caso contrario, es negativa.
El segundo tema es la diseminación amplia de los latifundios –buena parte en manos de empresas extranjeras–, mientras la pequeña propiedad familiar, que congrega a millones de trabajadores, sigue con enormes dificultades de supervivencia. Este factor, no necesariamente vinculado a la producción de fuentes energéticas alternativas, que podrían combinarse con un fortalecimiento de la pequeña propiedad, es decisivo para condenar la posición del gobierno brasileño en el tema de los agrocombustibles.
Son estas consideraciones, políticas y sociales, las que deben orientarnos en la opción por matrices energéticas en cada uno de nuestros países y en los procesos de integración regional.

Secretario ejecutivo de Clacso, emirsader@uol.com.br