sábado, 25 de agosto de 2007

Posición Política indígena ante Congreso Latinoamericano sobre áreas silvestres protegidas y Pueblos indígenas, camp. y afrodesc

24 August, 2007
II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas
Foro de Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Afrodescendientes.

Bariloche, Argentina, 29 de Sept. al 6 de octubre 2007

TALLER DE TÉCNICOS INDÍGENAS EN ÁREAS PROTEGIDAS
DOCUMENTO DE POSICION POLITICA

ORGANIZADORES
*Confederación Mapuche de Neuquén (Argentina)
*Comunidad del Pueblo Kolla Tinkunaku (Argentina)
Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales – SAyDS
Buenos Aires, Argentina, 7 y 8 de agosto de 2007

EJES PRIORIZADOS EN EL DEBATE Y CONCLUSIONES
- Marco general de derecho
- Gobernanza
- Co-gestión y co-manejo
- Participación en el marco de las categoría de Reserva de la Biosfera
- El conocimiento tradicional y las áreas protegidas
- Avances desde la violación al ejercicio pleno de los derechos humano de los Pueblos Indígenas
- Financiamiento: rol de las ONGs
- Incorporación de una nueva categoría de conservación desde el manejo y el control territorial indígena
- Fortalecimiento de las capacidades indígenas y locales

DOCUMENTO DE POSICIÓN POLÍTICA

Los Pueblos Indígenas, reafirmamos la titularidad sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales y genéticos que poseemos como herencia de nuestros ancestros. El Espacio de Vida, es decir el territorio, está siendo vulnerado constantemente por los múltiples cambios normativos, los megaproyectos y las decisiones político- administrativas de los Estados, los cuales sin consulta con los pueblos, lesionan gravemente nuestros derechos fundamentales a la supervivencia cultural, a la autonomía y la libre determinación.
Entre estas violaciones se cuentan, desde décadas atrás, el establecimiento de las llamadas Áreas Protegidas (AP) en sus diferentes categorías, superpuestas a nuestros territorios, imponiendo otro sistema de autoridades y de normas a las nuestras, originarias y preexistentes.
Esa forma de otorgar y ejercer normativas, no tienen concordancia con nuestros derechos que han sido reconocidos no solamente por las legislaciones nacionales, sino también por instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cabe señalar que los dos Pactos Internacionales expresan en su común artículo 1.2 que para el logro de sus fines, todos los pueblos “pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin prejuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio reciproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.
Los territorios indígenas son ajenos a las figuras de AP y las implicaciones que tiene su declaratoria. Los Pueblos Indígenas, solamente sabemos que los territorios que habitamos son nuestros, que siempre estuvimos y que allí permaneceremos según lo han establecido nuestras leyes de origen. Por ello, en diferentes escenarios hemos manifestado nuestra posición respecto a la necesidad de que los territorios indígenas que han sido declarados como áreas protegidas nos sean restituidos, porque su propiedad, control y administración nos corresponde, les compete a los indígenas fundamentados en el derecho a la autonomía.
La conservación desde la cosmovisión hace parte de nuestro proyecto de vida, y es contrario a los modelos extractivistas y de acumulación de riquezas que sostienen los Estados, como son los proyectos forestales de gran escala, los megaproyectos mineros y de hidrocarburos y los de infraestructura que erosionan los ecosistemas por los impactos nocivos que generan. Esos modelos contrarían los principios de conservación porque lo que buscan es la acumulación y la sobreexplotación de los recursos, amenazando la naturaleza y poniendo en riesgo todas las formas de vida. Esos modelos son aún más nefastos cuando se observan fenómenos como la militarización de algunas AP o partes de ellas, ya sea por fuerzas del Estado o de otros actores del conflicto armado, la siembra de cultivos para uso ilícito y, las fumigaciones con glifosato que vienen afectando la salud humana y los cultivos de subsistencia de nuestros Pueblos Indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes.

GOBERNANZA

La gobernanza de los recursos naturales es uno de los conceptos en boga. Puede ser entendida como la interacción entre estructuras, procesos y culturas. Esta interacción determina las formas en que el poder es ejercido. Si la gobernanza tiene que ver con el poder, las relaciones y la rendición de cuentas, deben incluir además, el compartir costos y beneficios (equidad), y garantizar la sustentabilidad de las AP con apoyo político, financiero y comunitario y considerar nuestra historia, cultura y las formas de acceso a la información.
Se han identificado cuatro tipos principales de gobernanza de AP:
- AP manejadas por gobiernos (a varios niveles);
- AP en sistemas de co-manejo;
- AP privadas (con o sin objetivos de renta);
- AP comunitarias ó áreas de conservación comunitarias (ACC).

CO-GESTIÓN Y CO-MANEJO

En nuestro taller analizamos más profundamente las experiencias institucionalizadas de co-gestión y co-manejo entre Pueblos Indígenas y organismos de conservación estatal que se vienen desarrollando en Bolivia y Argentina. Analizamos que estas categorías son establecidas y manejadas por organizaciones de hecho o con acuerdos y reglas locales, siguiendo diversos objetivos y valores (espirituales, religiosos, de seguridad, subsistencia, políticos, etc.). Su “redescubrimiento” por el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) es parte de un movimiento más amplio que revaloriza la diversidad cultural y los derechos humanos.
Sin embargo nos preguntamos también si: ¿no es una manera de poner a las ACC bajo la “orbita de influencia de las ONGs” y quitarles apoyo-atención-influencia de los Estados nacionales? El consenso de Washington en su momento impulsó la descentralización del poder y la transferencia de los recursos estatales hacia los gobiernos locales. Esto fue una “extraña” contracara de la destrucción de las capacidades de los Estados durante los ‘90. ¿No será esta “descentralización” del poder hacia las comunidades locales una “avenida” para facilitar su control por organismos internacionales, empresas, ONGs internacionales, etc.?
Nuestra posición ante este enfoque ó sistema de gobernanza fue clara:
- La co-gestión y también el co-manejo tal cual hoy se implementa, reafirma el principio de soberanía absoluta de los Estados sobre los recursos naturales, principio cuestionado por todos los Pueblos Indígenas del mundo quienes reafirmamos nuestro derecho absoluto a la propiedad, control y administración de nuestros recursos naturales. genéticos y culturales.
- La co-gestión y co-manejo no implica en su práctica el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales a la territorialidad, a la autonomía y al reconocimiento como Pueblos preexistentes, sino que se convierte en un mecanismo de integración a un modelo global de mercado que amenaza hoy nuestras vidas y culturas.
- La co-gestión y co-manejo está sujeta a una jurisdicción (sistema de normas y sistema legal) que contradice nuestro sistema normativo y nuestro concepto de relación hombre/naturaleza.
- La co-gestión solo puede ser aceptada como una alternativa coyuntural, en la medida que sea concebida como una herramienta de transición o un puente hacia un mecanismo o nueva categoría de conservación que reconozca plenamente nuestros derechos territoriales y políticos como Pueblos.
La respuesta desde nuestra mirada siempre es la misma: un movimiento cada vez mayor (además de los Pueblos Indígenas) afirma que la mejor garantía de una política de conservación en los territorios indígenas que han quedado encerrados en las jurisdicciones de las AP, es el reconocimiento del nuestro derecho a la propiedad, control y administración. Y avanzar en la creación de una nueva categoría de conservación desde el derecho indígena.
Los países que aprovechen completamente las ventajas de este tipo de gobernanza pueden construir un sistema más flexible, capaz de expandir la cobertura del sistema nacional de AP, cubriendo los vacíos, mejorando la conectividad y ampliando el apoyo público para la conservación. Son argumentos a favor de esta visión flexible la importancia que guardan en relación a la biodiversidad y la equidad y, además, económicamente ventajoso. Nuestros sistemas de manejo no son todavía reconocidos ampliamente y en algún caso son activamente rechazados o saboteados. Y, el co-manejo es a menudo confinado sólo a experimentos marginales. Con el impulso y liderazgo del CBD estas situaciones pueden cambiar. Es además un llamado a la equidad. La equidad requiere de compartir de manera justa los costos y beneficios de las AP y asegurar el acceso a la justicia cuando surgen conflictos.

FINANCIAMIENTO: ROL DE LAS ONGS

El derecho fundamental al reconocimiento de nuestras formas tradicionales, prácticas e innovaciones en la conservación de la biodiversidad y el manejo de las AP “propias”, requieren el apoyo financiero de las agencias de cooperación y donantes en su fortalecimiento e implementación. Ello implica:

- Promover el establecimiento de un diálogo directo (mecanismos de cooperación horizontal) con los “donantes” (directos e intermediarios) y organizaciones que implementan programas (ONG's) para definir prioridades que eviten la imposición de condiciones o de agendas ajenas o divorciadas de nuestros procesos territoriales.
- Diferenciar los distintos mecanismos de financiamiento: (a) financiamiento a través de la autogestión de nuestros territorios; (b) financiamiento con recursos públicos del Estado; (c) Donación y financiamiento externo. Consideramos que debemos avanzar en lograr cada vez mayor independencia de lo externo, sin liberar al Estado de su responsabilidad de asignar presupuestos a nuestros Planes de Vida.
- Canalizar el apoyo financiero a través de nuestras organizaciones representativas y evitar progresivamente la intermediación de ONG’s que se perpetúan en el tiempo y se convierten en voz y voto de nuestras demandas.
- Algunos programas relevantes (como el GEF) deben elaborar una política operativa sobre Pueblos Indígenas, para crear un resguardo en sus políticas de apoyo.
- Ejercer control e información sobre el mecanismo de "cooperación” que empresas multinacionales, reconocidas violadoras de los derechos indígenas, utilizan vía ONG's como mecanismos de blanqueo de dinero y de imagen, utilizando nuestra dependencia material para sus beneficios.

AVANCES DESDE LA VIOLACIÓN AL RESPETO Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

- La mayoría de las AP en Latinoamérica han sido creadas en nuestros territorios ancestrales sin el libre consentimiento previo e informado de los pueblos afectados.
- La mayoría de las AP han sido creadas en momentos históricos en los cuales no existían marcos jurídicos que garantizaban nuestros derechos como Pueblos Indígenas.
- El modelo “parquista del Norte” para gestión de las AP basado en el centralismo estatal, ha desconocido el rol y el aporte de los Pueblos Indígenas en los esfuerzos de conservación, que en algunos casos, han sido objeto de represión y exclusión.
- Algunos Estados han declarado AP a los territorios indígenas como mecanismo para apropiarse y controlar los recursos naturales que históricamente hemos usado, otorgando permisos y concesiones a empresas nacionales y transnacionales dedicadas a la explotación del petróleo, minas, agua, generación de electricidad y, más recientemente, para establecer los monocultivos para generación de biocombustibles.

DEMANDAS Y PROPUESTAS A LOS ESTADOS:

1. La restitución a los Pueblos Indígenas y afrodescendientes de la soberanía, propiedad y administración de las AP creadas en territorios ancestrales sin nuestro libre consentimiento fundamentado previo.
2. La reparación y compensación en forma justa y rápida por los daños e impactos socioculturales que se han derivado por la creación y gestión de las AP en territorios indígenas
3. Impugnar el principio del CDB que considera la propiedad y soberanía estatal de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la normativa y directrices establecidas en torno al acceso de recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios, ya que estas disposiciones son violatorias de nuestros derechos a la soberanía, propiedad y administración de los recursos naturales y la biodiversidad contenidos en los territorios ancestrales.
4. Se actualice y armonice el marco legal constitucional y sectorial sobre la gestión de los recursos naturales y biodiversidad, asegurando la garantía y ejercicio pleno nuestros derechos a la soberanía, propiedad y administración colectiva de nuestras tierras, territorios, recursos naturales y biodiversidad.
5. Reforma de órganos e instrumentos internacionales relativos al libre comercio y de propiedad intelectual (ejemplo OMPI, TLC, etc.), a fin de que se garanticen nuestros derechos.

A LAS ONG’S CONSERVACIONISTAS DEL NORTE

6. Instamos a que revisen sus políticas y procedimientos de actuación en nuestros territorios, asegurando el respeto y ejercicio pleno de nuestros derechos, especialmente los relativos a la libre determinación, autonomía, soberanía y propiedad territorial y al libre consentimiento fundamentado previo.

AL PNUD, FAO, UNESCO (PROGRAMA MAB Y COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL)
. Instamos a que avancen del discurso al respeto y cumplimiento de nuestros derechos, pues sus políticas relativas a las AP superpuestas en nuestros territorios indígenas, siguen siendo incipientes, ambiguas, contradictoras y consecuentemente violatorias de nuestros derechos. Por ello, los invitamos a construir una agenda de trabajo conjunto que se manifieste en acciones concretas a favor de nuestros pueblos, territorios y recursos naturales.

AL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

8. Solicitamos que conduzca una investigación y levante recomendaciones acerca de la violación de nuestros derechos por la superposición de AP con nuestros territorios ancestrales

PROPUESTA:

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DESDE EL MANEJO Y EL CONTROL TERRITORIAL INDÍGENA

Los Pueblos Indígenas hacemos saber que en distintos encuentros que hemos tenido en varios lugares del continente para analizar las categorías de manejo establecidos por la UICN y otras organizaciones ambientalistas y gobiernos, hemos llegado a la conclusión de que esas enunciaciones poco reflejan el sentir y aspiraciones de nuestras comunidades.
Estamos convencidos que estas categorizaciones no han sido una solución ni a los esfuerzos de conservación y desarrollo de nuestros pueblos, más bien han sido instrumentos más de violación de nuestros derechos, especialmente el relativo a la soberanía, propiedad y administración de nuestros territorios y recursos naturales. En tal sentido, la conceptualización, categorías, zonificación, normas y esquemas de manejo y protección de los parques y áreas protegidas superpuestas en territorios indígenas en América Latina, urgen de una revisión y actualización basada en el reconocimiento de los derechos.
Por lo tanto concluimos que ya es el momento de revisar las categorías de manejo reconocidas actualmente. La demanda más clara se refleja en la necesidad de:
Ccreación de la figura Territorio Indígena de Conservación como nueva categoría de manejo bajo el control de nuestras organizaciones indígenas y afro, regulada por el derecho indígena como herramienta de control y administración de esos territorios.
Los Pueblos Indígenas no vivimos dentro de las AP. Las AP están dentro de los territorios indígenas y gracias a nuestros modelos de uso, trabajo y conocimiento tradicional podemos legar al mundo lo poco que queda para las futuras generaciones.
De igual manera queremos hacer un llamado al pleno reconocimiento de todos nuestros derechos como Pueblos Indígenas y no sólo de nuestros conocimientos tradicionales que ha de significar en nuestros países y continente la efectiva lucha por la conservación de los recursos naturales y el pleno reconocimiento de los seres humanos que sin aspirar a recursos económicos siguen trabajando por el bienestar de toda la humanidad.
Finalmente, solicitamos al II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales que conforme la Comisión de Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas como fuera solicitada en Durban, a fin de evaluar nuestras demandas y llevarlas a la Conferencia de las Partes para su reconocimiento.
Y, reiteramos nuestro reconocimiento a las organizaciones internacionales ambientalistas y financieras que nos han acompañado en el proceso de reconocimiento de nuestros derechos y en la protección de la Madre Tierra y les solicitamos que hagan efectiva su solidaridad con nuestra demanda principal así como garanticen la participación de los Pueblos Indígenas en la definición de las políticas que de alguna manera afectan la armonía y estabilidad de nuestros pueblos con la naturaleza.

Buenos Aires, 8 de Agosto de 2007
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PARTICIPANTES
Onel ARIAS (Panamá)
Edith BASTIDAS (Colombia)
Robert CARTAGENA (Bolivia)
Jonson CERDA (Ecuador)
Verónica HUILIPAN (Argentina)
Atencio LOPEZ (Panamá)
Adalberto PADILLA (Honduras)
Horacio PARADELLA (APN- Argentina)
Mirta PEREYRA (Paraguay)
Giselle RODRÍGUEZ (Costa Rica)
David SARAPURA (Argentina)
Alfredo SEGUEL (Chile)
Jorge NAHUEL
(Coordinador)
http://www.mapuexpress.net