Interculturalidad y Salud: LIBERACIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS CAUTIVAS Y RESTITUCIÓN DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

jueves, 3 de julio de 2008

LIBERACIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS CAUTIVAS Y RESTITUCIÓN DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES

La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz – BOLIVIA y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, denuncian los hechos de violencia contra delegaciones del pueblo indígena Guaraní, comisión gubernamental y de organizaciones civiles encargadas de realizar el proceso de liberación de familias indígenas en estado de esclavitud y de saneamiento y titulación de sus territorios ancestrales en el sector ganadero del Chaco de Santa Cruz.

HECHOS

1. El 27 de febrero del presente año una comisión del Gobierno de Bolivia, encabezada por el Viceministro de Tierras, los directores Nacional y Departamental Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y una delegación del pueblo guaraní, acompañada por su presidente, Wilson Changaray, que pretendía dar inicio al proceso de saneamiento del territorio indígena Guaraní de ALTO PARAPETÍ, ubicado en la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, fue interceptada y atacada por hacendados y personal armado cuando transitaban por el fundo "Caraparicito" de propiedad del ciudadano estadounidense Ronald Larsen. La delegación gubernamental fue retenida en el mencionado predio y conducida posteriormente a la población de Lagunillas, distante 50 Km. del lugar, donde se le pretendía comprometer, mediante actas, a suspender el proceso legal de saneamiento de la propiedad agraria, hasta pasada la realización de una consulta por la autonomía departamental de Santa Cruz -convocada para el próximo 4 de mayo por la Prefectura de dicho Departamento, al margen de la Ley y la Constitución Nacional-.

2. El pasado 4 de abril, una nueva comisión encabezada por las mismas autoridades de Gobierno, acompañada pacíficamente por policías y comunarios guaraníes, que se dirigían a la comunidad indígena de Itacuatía, para dar comienzo al proceso de saneamiento de tierras, fue atacada en el mismo sitio por ganaderos y personal contratado por el Sr. Larsen con piedras y palos. Todos los atacantes estaban fuertemente armados y la policía no pudo disuadir a los agresores. Las acciones violentas se dirigieron especialmente contra los indígenas guaraníes y contra la policía, resultando gravemente herido el Capitán policial que acompañaba la comisión.

3. El 11 de abril se celebró una reunión del Consejo Provincial de Participación Popular, instancia de control social establecida legalmente, la cual fue utilizada por hacendados y autoridades locales para tomar acciones de presión con el fin de impedir el saneamiento de tierras y la liberación de las comunidades indígenas cautivas en las haciendas. En dicha reunión se ordenó la expulsión de la Provincia Cordillera de la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero, del Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y de todos los funcionarios del INRA, e igualmente se ordenó un bloqueo indefinido de carreteras. En horas de la noche un grupo de hombres armados se dirigió al hotel donde se hospedaban los funcionarios intentando tomarlos por la fuerza. La Ministra Rivero había llegado al lugar para instalar una mesa de diálogo con el fin de viabilizar el proceso de saneamiento agrario.

4. El 13 de abril, en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, una delegación del pueblo indígena Guaraní fue interceptada y atacada salvajemente por una turba de gente a instancias de hacendados de la región, dejando un saldo de 43 personas heridas y 8 desaparecidas -tres de ellos son periodistas y otros son asesores del pueblo Guaraní. Se tiene conocimiento que varias personas fueron tomadas como rehenes, se les ató a un palo en la plaza pública donde fueron torturadas, y sometidas a otros vejámenes. También se ha informado que todavía se encuentran allí los conductores de dos vehículos y están siendo víctimas de malos tratos y se teme por sus vidas. La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, constitucionalmente responsable por la vida y la seguridad de todos los ciudadanos y comunidades que viven en la región ha facilitado sus vehículos para la movilización de los agresores y brinda apoyo público a las acciones y bloqueos. Todo ello en el marco de la campaña por el referéndum por la autonomía departamental que impulsa la Prefectura, no obstante el público y masivo rechazo de la población del lugar. Los medios de comunicación niegan la existencia de familias cautivas o en estado de semi esclavitud en el Alto Parapetí y en general en el Chaco boliviano, manipulando la opinión pública nacional y regional.

ANTECEDENTES

Más de 167 familias del pueblo indígena Guaraní viven cautivas bajo un régimen de trabajo servidumbral, peonazgo por deudas o formas análogas esclavitud, en 13 haciendas de ganaderos en el territorio del ALTO PARAPETÍ, hecho que fue constatado por organismos internacionales de Derechos Humanos como la Organización Internacional del Trabajo - OIT, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA - CIDH. La Asamblea del Pueblo Guaraní -APG- máxima representante de este pueblo indígena, viene exigiendo al Estado boliviano desde hace más de 20 años la recuperación de su territorio ancestral, y la liberación de las familias cautivas. En enero de 2005, la OIT emitió un informe sobre "Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia" en el que recomienda la ratificación del Convenio Nº 29 de dicho organismo multilateral, la revisión de la legislación vigente y la aprobación de un Plan de Acción para la erradicación del trabajo forzoso, en especial en la zona guaraní. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en noviembre de 2006 realizó una visita in loco a la zona y en su informe recomienda la adopción inmediata de medidas para la erradicación de toda forma de servidumbre o esclavitud a través de la aplicación del proceso de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la Ley Nº 3545. En el mes diciembre de 2007 el Relator Especial de las Naciones Unidas para las libertades y los derechos de los pueblos indígenas, visitó la zona, se entrevistó con personas que han sido víctimas del cautiverio, y manifestó especial preocupación sobre la situación de servidumbre en la que viven las comunidades guaraníes resultado del despojo de sus territorios ancestrales. En consonancia con las recomendaciones de las altas instancias internacionales de protección de los derechos humanos, en noviembre de 2006 el Congreso de Bolivia promulgó la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y en agosto 2007 se expidió el Decreto Supremo 29215 que establecen el nuevo proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen –TCO, figura constitucional del territorio indígena. El 28 de noviembre de 2007 se aprobó el Decreto Supremo Nº 29292 que incluye el "Plan interministerial transitorio para el pueblo guaraní 2007-2008", que busca la erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y formas análogas de esclavitud. En aplicación de estas disposiciones, la comisión gubernamental y delegaciones indígenas que fueron objeto de las agresiones señaladas, pretendía iniciar los procedimientos para la liberación de las familias en estado de cautiverio y la restitución de sus territorios mediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, al amparo del Comité Cívico que aglutina los principales sectores de poder regional, ha convocado para el próximo 4 de mayo un referéndum con el fin de declarar la autonomía del Departamento y validar un estatuto autonómico, cuyo contenido es abiertamente contrario a los derechos humanos reconocidos a los pueblos indígenas y se dirige a mantener y proteger las tierras usurpadas por los hacendados a las comunidades indígenas del Departamento y las relaciones esclavistas que sostienen con las familias en cautiverio. Dicho referéndum es contrario a la Constitución Política del Estado, por lo cual no ha sido autorizado por las instancias electorales nacionales.

PETICIÓN

Ante la violación al derecho a la libertad y al territorio y la grave amenaza a la seguridad física en que se encuentra el pueblo indígena guaraní, en especial las familias cautivas en las haciendas en el Alto Parapetí, y ante la inminente amenaza contra los funcionarios gubernamentales y demás personas vinculadas al proceso de saneamiento territorial, solicitamos a la comunidad nacional e internacional dirigirse a las autoridades nacionales y departamentales de Santa Cruz exigiendo lo siguiente:

1. Proceder a la liberación inmediata de las personas que se encuentra en calidad de rerehenes, señores Mario Rivero e Hilarión Castillo, y de otras personas que se encuentran desaparecidas desde el pasado 13 de abril, cuyas vidas e integridad se encuentran en grave riesgo.

2. Evacuar a los heridos en la zona de los acontecimientos relatados y brindar a éstos la atención médica y humanitaria para garantizar su vida e integridad.

3. Adoptar de manera urgente todas las medidas de protección necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de las familias, personas y organizaciones afectadas por los hechos de violencia, así como de los funcionarios públicos del INRA y del Viceministerio de Tierras, presentes en la región del Chaco.

4. Adoptar las medidas que sean necesarias para la inmediata liberación de las comunidades indígenas guaraníes que viven en estado de esclavitud y servidumbre y salvaguardar sus vidas e integridad física, social, económica y cultural.

5. Brindar todas las garantías para la realización en forma pacífica del proceso de liberación y del saneamiento y titulación del territorio Guaraní de Alto Parapetí y demás territorios indígenas guaraníes.

6. Procesar penalmente al Sr. Andrew Larsen, terrateniente poseedor de 15.777 hectáreas en 5 haciendas en el Alto Parapetí por los hechos acá denunciados y por mantener a 12 familias indígenas en cautiverio, y a las demás personas responsables y cómplices del delito de "reducción a la esclavitud o estado análogo" establecido en el art. 291 del Código Penal Boliviano y hechos conexos.

7. Investigar las agresiones violentas de que han sido víctimas los funcionarios gubernamentales, las delegaciones indígenas y demás ciudadanos que apoyan el proceso de liberación de las comunidades y de saneamiento y titulación de sus territorios, y procesar penalmente a todos los implicados como autores intelectuales y materiales, especialmente a las autoridades públicas involucradas y a los representantes y miembros de organizaciones gremiales como el Comité Cívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y la Asociación de Ganaderos de Camiri.

8. Exigir a las autoridades departamentales y municipales en el Departamento de Santa Cruz y en todo el país, actuar conforme a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y de los derechos de los pueblos indígenas ratificados por Bolivia.

Dirigir sus comunicaciones a:

Sr. Evo Morales Ayma PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

Dirección: Palacio de Gobierno Casa Militar Gral. Brig. Elías Eduardo Pérez

Teléfono: (+591-2) 2202321

Fax: (+591-2) 2153878 La Paz, Bolivia

Lic. Alfredo Rada Vélez MINISTRO DE GOBIERNO

Dirección: Av. Arce 2409

Teléfono: (591-2) 2440466

Fax: (591-2) 2401014

Ce. 72040820

e-mail: mail@mingobierno. gov.bo La Paz – Bolivia

Lic. Juan Carlos Rojas DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)