domingo, 31 de diciembre de 2006

Historia Mapuche Reciente

La Reforma Agraria y su inserción en el territorio mapuche

La primera ley de Reforma Agraria, signada bajo el N° l5.020 y conocida como “Reforma Macetero”, fue promulgada el 27 de Noviembre de 1962, bajo el gobierno Jorge Alesandri. Esta legislación estableció un conjunto de disposiciones sobre reforma agraria, cuyo objetivo fundamental era promover la modernización del agro y aumentar la productividad del suelo, sin considerar como finalidad modificar la estructura agraria del país.

La aplicación de esta ley también se hace sentir en la Araucanía, si bien sólo se realiza en base a territorios agrícolas fiscales y se llaga a la exigua cifra de solo 491 nuevos propietarios agrícolas, se reciben los predios denominados Dax, La Mañana y Buenos Aires, ubicados en la comuna de freire y que eran propiedad de CORFO. El 31 de Octubre de 1962 estos predios son expropiados constituyéndose más tarde el asentamiento Rayen Lafquen, integrado por mapuches que corresponden a familias indígenas provenientes del sector costero afectadas por el terremoto de 1960. No obstante ello, en esos tiempos la demanda territorial mapuche, y las acciones tendientes a recuperar tierras que se consideran usurpadas, comienzan a hacerse presentes. Emblemáticos al respecto son los casos de Los Lolocos, en la comuna de Ercilla, e Isla Ranquilco, en Arauco.

Durante el gobierno de Eduardo Freí Montalva, que se extenderá entre Noviembre de 1964 y Noviembre de 1970, se utilizaron la ley de Reforma Agraria 15.020 y, una vez dictada en 1967, la ley 16.640 que pretende modificar el sistema de tenencia de tierra e incorporar propiedad de ella a quienes la trabajan. Sólo después de la dictación de la ley N°16.640, se activara un proceso expropiatorio, el que ahora es presionado por importantes acciones y movilizaciones mapuches tendientes a la recuperación de tierras.

Si bien la modificación a la ley 16.640 de la Reforma Agraria pretendía modificar el sistema de tenencia de tierra, no se considero a los Mapuche en su especificidad y por lo tanto no apuntaba a responder a los derechos territoriales indígenas, sino que más bien pretendía mejorar su calidad de vida a través de apoyo crediticio y asistencia técnica. A pesar de esto y a través de las tomas de terreno el movimiento mapuche exige que la ley 16.640 le sirviera de justo marco normativo, comenzando de este modo la recuperación de las tierras ancestrales.

En el caso específico de La Araucanía, bajo el imperio de la ley 15.020, se expropiaron 50 predios, los que en su conjunto abarcaban una superficie de 34.012,8 hectáreas. Las comunas donde se realizaron las expropiaciones fueron Curacautin, 4 predios; Carahue 4 predios; Cunco, 9 predios; Freiré, 6 predios; Lautaro, 9 predios; Nueva Imperial, 6 predios; Tolten, 1 predio y Vilcun, 11 predios.

De estas expropiaciones, se benefició a mapuches en cuatro comunas, Carahue, Cunco, Freiré y Nueva Imperial, entregándose a indígenas 17 predios con una superficie de 9.124,4 hectáreas, las que representan el 26,8% de la tierra expropiada durante este período de vigencia de la ley 15.020. En algunos casos las tierras sirvieron para trasladar población mapuche afectada por el maremoto de 1960, como el caso de la Cooperativa las Hortensias, lugar al que se trasladó a mapuches damnificados de la zona costera, a quienes se les asignó tierras como asentados, no como comunidades.

Después del gobierno de Eduardo Frei, a fines de 1970, accede al poder el candidato de la Unidad Popular Salvador Allende. Durante este gobierno la demanda territorial mapuche ocupa un lugar preponderante en su agenda política, siendo un ejemplo el que todas las tierras expropiadas en la Comuna de Lumaco (18 expropiaciones) fueron a favor de comunidades mapuches, entre las cuales se incluye grandes fundos y títulos de merced usurpados.

Durante el gobierno de Salvador Allende , que se vera interrumpido abruptamente el 11 de septiembre , de 1973, se logran expropiar en la Araucanía 574 fundos, con una superficie de 636.288,3 hectáreas. Los predios expropiados a favor de comunidades Mapuche o con participación mapuche fueron 138, con una superficie total de 132.115,78 hectáreas física, equivalentes a 7.407,77 hectáreas de riego básico. De este total 39 predios, que en su totalidad abarcaban 7. 208,2 hectáreas, correspondían a restituciones de Títulos de Merced o a fundos que habían sido demandados por comunidades mapuches. Las expropiaciones a favor de comunidades mapuche se llevaron a cabo en casi la totalidad de las comunas que formaban parte de las Provincias de Malleco y Cautín.

EL Golpe de Estado y la Contra Reforma Agraria

La resistencia de los dueños de fundos hacia la Reforma Agraria se inició prácticamente desde su promulgación, logrando en un primer momento desacelerar el proceso expropiatorio. Ya a partir del gobierno de Allende, en 1970, la resistencia se hizo activa a través de la formación de los Comandos de Retoma de Predios y de los grupos de vigilancia. Sin embargo, la situación de represión, persecución y pérdida de derechos territoriales alcanzó su máximo esplendor con el golpe de Estado de Septiembre de 1973.

El Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973, da comienzo a un periodo de represión que tuvo una violencia inusitada en casi todos los predios donde la Reforma Agraria beneficio a los mapuches. Se fusiló e hizo desaparecer a dirigentes y asentados mapuches, se encarceló y torturó, a la vez se revocaron la mayoría de los predios donde los mapuches habían recuperado tierras, retrotrayendo la situación a los años antes de la reforma agraria.

Todo la anterior comenzó a rendir sus frutos, en cuanto a la represión a las organizaciones indígenas de la Araucanía, específicamente en el momento en que, en Cautín, el 3er Grupo de Helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile, con asiento en el aeropuerto de Maquehue y el Regimiento Tucapel, ambos de Temuco, inician operaciones de allanamiento y ocupación de los principales focos mapuche con participación en la Reforma Agraria. Así el 29 de agosto de 1973 es allanado el Centro de Producción Nehuentúe, de Carahue. Producto de la represión fallece el presidente del Centro de Producción Lobería, Juan Segundo Quían Antimán, el 8 de septiembre de 1973, a causa del maltrato y las torturas infringidas a su persona.

En términos territoriales, la revancha golpista significó que gran parte de los prediosrecuperados por las comunidades mapuches fueran devueltos a sus antiguos propietarios, enespecial, los de las Comunas de Lautaro, Ercilla, Collipulli, Lumaco, Lonquimay, Carahuey Nueva Imperial. En total se revocaron 98 predios, con un total de 100.392,3 hectáreas, delas 155.111,38 hectáreas que correspondían a los 164 predios expropiados entre 1972 y1973. Lo anterior se tradujo en que se devolvieran a los antiguos propietarios el 64,7 % delas tierras expropiadas a favor de mapuche, se remataran 3 predios ocupados por mapuches,con una superficie de 1.478,2 hectáreas y se parcelaron 63 predios, con un total de53.204,88 hectáreas.

El retorno a la Democracia

A partir del año 1990, y en virtud el Acuerdo de Nueva Imperial, las organizaciones mapuches plantean la necesidad de una Ley Indígena, la que es dictada el 5 de Octubre de 1993 bajo el N°l9.253. Dicho cuerpo legal da origen al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, cuyo accionar ha estado dirigido a la compra de tierras en conflicto, compra de derechos de aguas, apoyo de proyectos de riego y asistencia jurídica.

En cuanto a la adquisición de tierras, el Estado Chileno, entre 1994 y 1999, entregó a las comunidades indígenas un total de 122.141 hectáreas, de las cuales 90.876 corresponden a tierras fiscales y 31.265 corresponden a tierras en conflicto.
Sobre estas cifras valgan algunas reflexiones. La superficie transferida no corresponde en su totalidad a ampliación de tierras indígenas como se ha sugerido, más bien se trata de la conclusión de un proceso de radicación aún inconcluso. En efecto, las tierras fiscales restituidas por el Estado en el marco de aplicación de la Ley Indígena vigente son tierras que siempre han estado en posesión de las comunidades indígenas, sobre las cuales incluso han poseído títulos que luego les han sido desconocidos por el Estado en distintos períodos históricos, como es el caso de los títulos de Comisarios que le fueron otorgados a las comunidades Williches en el siglo XIX y que perdieron su vigencia, adjudicándoselos el Estado.

De acuerdo a lo expuesto, la transferencia de tierras fiscales a las comunidades indígenas no es sino un proceso de regularización de derechos ancestrales cuyo goce han ejercido permanentemente las comunidades indígenas, quienes no sólo no han perdido jamás la posesión material, sino que la ha ejercido desde tiempos inmemoriales con ánimo de único señor y dueño.

Sin embargo, la llamada “problemática mapuche” hoy en día lucha en nuevos conflictos. En los predios pehuenche luchan contra la construcción de represas y las consecuencias socio ambientales que el Proyecto Ralco generara en sus ancestrales territorios. En este caso la relocalización de la población y la inundación de parte de su territorio producirá los siguientes impactos:

- Separación física de miembros de comunidades y de grupos familiares
- Alteración del sistema productivo, ya que las comunidades pehuenche gira en torno a un ciclo anual, en la cual las actividades de veraneadas y de recolección de piñones son ejes dominantes en su economía de subsistencia .
- Interrupción de fiestas ceremoniales, en las cuales la cosmovisión y religiosidad mapuche se ve gravemente afectada
- Alteración del territorio, el cual transformara radicalmente el modo de vida pehuenche
- Efectos emocionales debido a la irrupción de sitios sagrados como gijatuwe (cancha de gijatun), paliwe (cancha de palin), eltun (cementerios), entre muchos otros.
- Aceleración de los procesos de aculturación, en los cuales la alteración a la identidad cultural producirá impactos en el modo de vida pehuenche
- Conflictos sociales al interior de las comunidades por venta o permuta de tierras ancestrales colindantes.
- Otros

Debido a esto los pehuenche apuntaran sus quejas y protestas a la responsabilidad que tiene el gobierno en este grave hecho que sólo contribuirá al aumento de las brechas de desentendimientos entre mapuche y chilenos. Desde su punto de vista el sólo acto de que el gobierno haya apoyado a ENDESA (empresa Española) deja de manifiesto la consolidación de su actitud represiva y transgresora, una vez más, de los derechos inherentes y colectivos de Pueblo Mapuche.

Otro caso ejemplificador es el que sufren las comunidades de Boyeco, cercanas a la ciudad de Temuco, en las cuales la implementación del vertedero Municipal al interior de sus comunidades ha generado graves impactos socioculturales y ambientales en su población. El terreno del vertedero de Boyeco se encuentra ubicado en medio de las comunidades de Boyeco Alto, Boyeco Central o Andrés Huenchún, Pelahuen o Ramón Reyes, Cusaco y Tromen Alto. Estas comunidades por más de 10 años han debido aguantar los daños y trastornos que el vertedero ha causado en las vidas de las distintas füren que las componen.

En este caso podemos observar los siguientes impactos sobre la población de las comunidades afectadas:

- Impactos en el entorno ambiental debido a que los residuos durante más de diez años fueron arrojados sin ningún tratamiento, llegando incluso clandestinamente desechos industriales y hospitalarios,
- Transgresión de espacios sagrados, ya que las personas más ancianas expresan que en el lugar donde se encuentra el ingreso al vertedero hubo un cementerio en el pasado.
- Transformación de la actividad productiva tradicional (cultivo de arvejas) al reciclaje de papel blanco recogido al interior del vertedero o a la recolección de distintos desechos.
- Riesgos a la salud, ya que en la actividad del reciclaje no se toma ninguna medida higiénica que evite entrar en contacto directo con los desechos que hay en el interior o con los líquidos percolados.

Desde el 21 de diciembre de 1992 (fecha en que Boyeco se convierte en el receptor de todos los desechos domésticos de la ciudad de Temuco) muchas familias han buscado distintos medios para hacer escuchar sus demandas y lograr el cierre y reubicación del vertedero.

“La verdad es que ya no sabemos que hacer. Hay un olor tan insoportable, los ratones que circulan por aquí son tiñosos, los niños los ven pasar y se asustan porque son inmensos. Si son más grandes que los gatos. También los jotes se ven día a día y nos contaminan con sus excrementos. Si esto es terrible” (Palabras de Maria Inés Huenchun, de la comunidad Andrés Huenchún, al Diario Austral de Temuco)

“La existencia de basurales en tierras mapuches es un signo más de cómo se le ha visto históricamente, con una profunda discriminación racial, como ciudadanos de segunda categoría, que aparte de la falta de tierra y la pobreza, más encima tienen que recibir basura” “El daño ya está hecho y es irreparable, aunque ahora le pongan el sello que sea, por lo tanto la única solución es erradicarlo” (Palabras de Arturo Yanquin, Machi del sector)

En el ultimo tiempo algunos medios de comunicación han puesto en la palestra las distintas irregularidades con que durante más de diez años ha funcionado este vertedero, así como también la displicencia con que han actuado las autoridades en este caso.

“Diversas reacciones originó el reportaje impacto publicado en este Diario el sábado ultimo y que mostraba a decenas de personas hurgueteando entre toneladas de basura al interior del vertedero de Temuco, ubicado en el sector de Boyeco, en la ruta a Chol Chol. El doctor en Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera, Eduardo Tosti –Croce, aseveró que el basurero vulnera una serie de medidas medioambientales y que se esta transformando en una bomba de tiempo para las nuevas generaciones” (El Diario Austral de Temuco, 17 de diciembre de 2003)

“Están cansados. Y con razón. Los vecinos del sector Boyeco claman por el inmediato cierre del vertedero existente en el lugar y que es responsable –aseguran - de los múltiples problemas de salud que afectan a adultos y niños. Los habitantes del área ubicada en la ruta Temuco – Chol Chol han denunciado en reiteradas ocasiones las complicaciones que les genera vivir junto al receptáculo de las basuras de la capital regional. Las molestias van desde un permanente mal olor a la presencia de fecas en el agua y a la acción constante de aves y perros carroñeros. Ya hastiados de la falta de respuesta, de las promesas de solución y de la nula capacidad resolutiva, que desde su punto de vista han mostrado las autoridades, estudian las opciones para buscar apoyo de organismos externos para que el vertedero deje de operar” (El Diario Austral de Temuco, 3 de marzo de 2004)

“Desde que las autoridades locales decidieron instalar un vertedero en las inmediaciones de Boyeco, las familias y comunidades mapuches que viven en ese sector alzaron la voz. Los líquidos percolados de los desechos tratados en el lugar contaminaron las napas subterráneas y los pozos que los habitantes de dicha área utilizaban para su consumo y riego” (El Diario Austral de Temuco, 1 de abril de 2004)

Actualmente a través del proyecto “Mejoramiento y Centro de Recepción para residuos sólidos urbanos de la Comuna de Temuco” se intenta mejorar las evidentes deficiencias que presentaba el vertedero. Las nuevas tecnologías utilizadas, tanto para las autoridades como para los encargados del proyecto, permitirá superar estas deficiencias y de este modo mejorar la calidad de vida de las familias que viven a menos de 300 metros del vertedero. Sin embargo, la incorporación de esta nueva tecnología alarga la vida útil del vertedero por unos 20 años más, echando por el suelo el justo deseo de estas familias de erradicar del lugar a tan molesto “vecino”.

La opinión Internacional

El 30 de noviembre de 2003 el relator de la ONU, Rodolfo Estavenhagen, en visita al país, constató que las comunidades indígenas siguen viviendo problemas como la desigualdad social, que la Justicia criminaliza “movimientos de protesta sociales” de comuneros y que los recursos para la compra de tierras por parte del Gobierno siguen siendo escasos.

Uno de los puntos clave que plantearon las comunidades originarias al relator durante las reuniones sostenidas en el país fue el “reconocimiento de la territorialidad ancestral”. Ante ello, Stavenhagen dijo que el problema es enfrentado con un plan de compras de tierras, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Sin embargo, la autoridad internacional hizo ver que este programa, hasta la fecha, “ha sido insuficiente porque no ha tenido los recursos adecuados para resolver el problema”.

“Los indígenas se sienten frustrados con los resultados de este programa [de compra de tierras del Gobierno], lo que ha dado lugar a situaciones de enfrentamiento y conflicto que son el resultado de esa larga historia de despojos que han sufrido los indígenas”, explicó. El relator constató, entre otras cosas, que en Chile “existe una criminalización o penalización del movimiento de protesta social”.

De acuerdo a su criterio, llama la atención que en un país donde se discute el problema de los derechos humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet, “no se contemplen los derechos de los pueblos indígenas”. Así, constató el contrasentido de que cada vez que se habla del tema indígena “da la impresión de que fuera otra cosa”. Rodolfo Stavenhagen, antropólogo de nacionalidad mexicana, advirtió que “existe una criminalización o penalización del movimiento de protesta social, lo que es preocupante pues estos problemas deben ser resueltos en el marco del diálogo, de la negociación y con políticas sociales”.

Encargados de bibliografía, referencias y documentos:

José Quidel. Profesor, Investigador y Logko comunidad Itinento.
Victor Caniullan. Asesor Sociocultural, Investigador y Machi comunidad Quillem Alto.
Jimena Pichinao. Antropóloga e Investigadora.
Fresia Mellico. Profesora de Mapuzungu e Investigadora.

Edición:

Patricio Burgos. Antropólogo.
Francisco Cabellos. Psicólogo Social.
Pamela Luna. Psicóloga Clínica.